En un contexto en el que pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del norte del país han levantado quejas por la tardanza en los pagos de servicios por parte de contratistas y subcontratistas de proyectos de energía renovables, la compañía generadora Colbún ha incorporado una nueva cláusula en sus contratos para evitar este tipo de situaciones, medida que viene a reforzar otras que viene adoptando desde hace más de cinco años en esta materia.

La Cláusula de Propagación establece que, para que Colbún autorice a un contratista a subcontratar una parte del servicio, éste debe garantizar que pagará las facturas respectivas en un plazo máximo de treinta días corridos desde su emisión. Además, formaliza la autorización expresa del contratista para que, en caso de incumplimiento en el plazo señalado, Colbún retenga montos adeudados al contratista y pague directamente al subcontratista por subrogación. 

“La nueva cláusula establece el pago oportuno a subcontratistas como una condición necesaria para que Colbún autorice la subcontratación; por lo tanto si un contratista no ha pagado en el plazo correspondiente a un subcontratista, desde Colbún tenemos la potestad para regularizar la situación”, explica Ricardo Carrasco, Gerente de Abastecimiento de Colbún. 

Cabe recordar que hoy se tramita en el Congreso un proyecto de ley que establece normas de protección de las PYMEs en su rol de proveedoras de empresas contratistas y subcontratistas.  

“Nuestros contratistas son una extensión de las operaciones Colbún. Si éstos no cumplen sus compromisos, somos nosotros quienes estamos en falta, ya que ellos actúan en nuestro nombre; queremos propagar nuestros altos estándares sociales, ambientales y económicos a toda nuestra cadena productiva”, comenta Ricardo Carrasco, Gerente de Abastecimiento de Colbún, quien agrega que la compañía cuenta con más de tres mil proveedores a lo largo de Chile, de los cuales un 70% son PYMEs.

Prácticas ambientales y sociales

En forma complementaria, desde abril de este año, en todas las licitaciones se solicita a los oferentes Información sobre Prácticas Ambientales y Sociales, con el fin de reforzar adecuados comportamientos en estas materias. En términos generales, aquellos oferentes que acrediten positivas prácticas en materias socioambientales podrán obtener una puntuación hasta un 15% superior en el proceso. 

Algunas de las materias que serán valoradas positivamente son: implementación de planes y programas de gestión medioambiental; estrategia de mitigación de huella de carbono y gases de efecto invernadero; manejo adecuado de recursos hídricos; manejo de residuos orgánicos e inorgánicos; implementación de políticas de equidad de género, diversidad e inclusión y políticas que fomenten el respeto por la cultura y las comunidades donde opera; entre otras. 

De esta manera, Colbún está migrando desde un estilo de adjudicación en el cual primaban las variables técnico-económicas a uno que incorpora variables socioambientales. “Debemos velar porque toda nuestra cadena productiva cumpla con los más altos estándares posibles de sostenibilidad”; concluye Ricardo Carrasco.